Inquilinos rosarinos se concentraron este miércoles en el centro de la ciudad para manifestarse en contra del avance, en el Congreso nacional, de modificaciones a la ley que para ellos sólo provocarán “el agravamiento de una situación ya difícil” para quienes alquilan.
Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario, encabezaba la “protesta, volanteada e intervención pública” desde las 18 en la plaza Pringles para rechazar los cambios, que ya tienen la media sanción de Diputados y durante la jornada se debatían en el plenario de comisiones del Senado.
Desde el móvil de Radio 2, Artola dijo que de aprobarse una nueva ley como se perfila, “va a significar el agravamiento de una situación ya difícil que padecen los inquilinos, con más aumentos, más gastos iniciales y en la comisión inmobiliaria, más inestabilidad para los inquilinos y sus familias”.
Advirtió que se trata de “una reforma pro mercado, hecha a medida de las cámaras inmobiliarias y que implica un retroceso para todos los inquilinos”, tal como ya se manifestó en una reciente marcha al Congreso.
En ese sentido, el también responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe señaló: “Dado el contexto de incertidumbre y el fuerte lobby de cámaras para la reforma, pedimos al gobierno nacional que congele los alquileres, suspenda los aumentos previstos y prorrogue de manera automática los contratos que vencen estos meses”.
Avance en el Congreso
En simultáneo con la protesta en Rosario, el Senado retomó la discusión por la reforma a la ley de alquileres con conversaciones que los legisladores comenzaron la semana pasada con el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
Los legisladores buscan continuar con la discusión tras el cuarto intermedio declarado el martes pasado, luego que el oficialismo argumentara que pretendía hacerle cambios a la iniciativa votada en Diputados, mientras que desde el lado de la oposición la idea es darle dictamen tal como vino desde la Cámara baja.
El proyecto de reforma, aprobado el 23 de agosto último en Diputados, reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.
En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.