Activistas del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA) celebraron que se dio la aprobación de la ley “Johanna”, la cual fija los procedimientos médico-asistenciales para la atención a mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal o neonatal.
Las activistas destacaron que esta ley “pone en discusión la insensibilidad de un sistema” y aseveraron que “la lucha, ahora, está en que se cumplan esos procedimientos de atención, o en caso de que no, que haya sanciones”.
El Senado de la Nación aprobó en la madrugada del viernes pasado, y convirtió en ley de manera unánime, el proyecto llegado en revisión desde Diputados.
Su objetivo es posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas, facilitar las opciones terapéuticas y las gestiones a realizar, en un sistema que no contemplaba al momento protocolos de atención en estos casos. Se define a la muerte perinatal como aquella que se produce entre la semana 22 y hasta siete días después del nacimiento del bebé.
El texto del proyecto señala que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deberán instrumentar de forma obligatoria las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.
“Las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso de su bebé; recibir información sobre lactancia, así como de métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros”, describe el articulado de la normativa.
La diputada Mónica Macha, quien presentó el proyecto de Ley, explicó a Télam “que lo que se propone es la creación e incorporación de protocolos y programas en los hospitales y distintos espacios de salud, para que se pueda intervenir de un modo más humano y empático, en términos de salud física y mental, en los contextos de muertes neonatales o perinatales”.
“Significa desde el acompañamiento psicológico hasta cómo es el asesoramientos en términos físicos, cuál es el tiempo que la familia necesita para estar con el cuerpo de ese bebé, que tal vez nació sin vida o murió a las pocas horas, porque entendemos que esas horas son fundamentales sobre cómo se va a desencadenar el proceso de duelo, que llevará un tiempo subjetivo”, agregó la diputada.
La ley lleva el nombre de Johanna Piferrer, impulsora de la iniciativa, quien fue víctima de la violencia y el destrato del sistema de salud cuando falleció su bebé -Ciro- mientras cursaba la semana 33 de embarazo.
Consultada sobre la aprobación de la Ley Johanna, la activista, feminista e integrante de la organización Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA), Violeta Osorio, consideró que la normativa era “una deuda enorme del Estado argentino y del sistema médico hegemónico en relación con las mujeres y sus familias que atraviesan pérdidas gestacionales”.
“Como toda ley que habla de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, principalmente de las mujeres, causa sorpresa que tengamos que hablar de la necesidad de poner leyes para que se respeten derechos humanos básicos como el de la dignidad, integridad y la soberanía, al atravesar -en este caso- un proceso tan complejo y que puede ser tan traumático, para una familia”, afirmó este viernes Osorio a Télam.
“Aquí, lo importante es entender que la ley Johanna viene a poner en discusión que si bien una tragedia puede ser inevitable, la insensibilidad y la crueldad de un sistema es lo que convierte, a ese hecho trágico, en un evento absolutamente traumático, del que es muy difícil recuperarse”, agregó.
Uno de los ejemplos que mencionó Osorio es que se cuide y prevea que la mujer que atravesó una pérdida gestacional o neonatal, no esté ingresada en el área de maternidad junto con otras mujeres parturientas o que se encuentran en su trabajo de parto.
Otro es el derecho de las mujeres a recibir y acceder a asesoramiento sobre cómo llevar adelante todo el cambio físico que ha llevado el embarazo y que con una pérdida, cuando no hay un bebé en brazos, es totalmente distinto.
Esas pérdidas gestacionales se recrudecen socialmente porque tienen el componente social de que “deben vivirse en silencio, incluso con vergüenza, porque hay algo en nuestro cuerpo que no funcionó o -tal vez- no deseamos lo suficiente ese embarazo o quien sabe qué hicimos, además de que hay todo un silencio en relación a esos momentos”, completó.
En una publicación de su Instagram, la propia creadora del proyecto de ley, Johanna Piferrer difundió el momento de votación que confirmó la aprobación de esta ley, diciendo: “Les compartimos el fragmento de la votación en el Senado de la sesión del 29/09. En ese abrazo estuvieron cada uno/a de los que a lo largo de todos estos años nos acompañó”.