La crisis social y económica que se agudizó en el último año, en Argentina, agravó algunos problemas sociales preexistentes como la inequidad en el reparto de tareas, la desigualdad estructural y la violencia de género en todas sus formas. Frente a este fenómeno del cual la ciudad de Rosario es parte, desde la secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad y la comisión de Feminismos, Disidencias y DDHH del Concejo Municipal, expresaron su preocupación, describieron los dispositivos con que cuentan para afrontarlo. Enumeraron las materias pendientes con el foco puesto en la construcción de una sociedad que reduzca los niveles de desigualdad de género y de violencia machista en todas sus formas y espacios, y que fortalezca la autonomía plena de las mujeres y disidencias.
Violencia de género: el abordaje desde el Concejo
Los temas vinculados a violencia de género que hoy se trabajan como prioritarios en la comisión de Feminismos, Disidencias y DDHH del Concejo Municipal se inscriben en una línea que vienen sosteniendo desde el comienzo de la creación de la comisión, que se dio en simultáneo con la creación de organismos tanto a nivel nacional y provincial, como también de secretaría de género a nivel municipal, para el abordaje de estos temas, con una mirada más integral.
En esa línea, entienden la violencia de género no sólo como la atención y el acompañamiento en los casos de denuncias y violencia explícita, sino también a un trabajo más a largo plazo, que apunta a la construcción de una sociedad que reduzca los niveles de desigualdad de género y de violencia machista en todas sus formas y espacios, y que fortalezca la autonomía plena de las mujeres.
En materia de violencia de género, específicamente, vienen trabajando en varias líneas, según explicó en diálogo con Rosario3, la concejala Caren Tepp, integrante de la comisión.
Feminismos, Disidencias y DD.HH.
“Seguimos todos los dispositivos estatales existentes” (municipales, provinciales y nacionales) y acompañamos para fortalecer el funcionamiento de estos dispositivos, en particular del teléfono verde, a nivel municipal, y del Programa Acompañar (a nivel nacional), consistente en un beneficio económico para mujeres que atraviesan casos de violencia extrema –con denuncias ya radicadas– y que necesitan salir del lugar donde conviven con el agresor.
“Cada vez que nos llega algún reclamo sobre estas herramientas, de parte de alguna usuaria o alguna trabajadora, desde la comisión tratamos de visibilizar ese reclamo y trabajamos con las áreas correspondientes para subsanar esos inconvenientes. Aun así –aclara– sabemos que estas herramientas son escasas, sobre todo las que apuntan a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y de las disidencias que sufren violencia de género y que en muchos casos, termina siendo la limitante a la hora de tomar la decisión de realizar una denuncia y llevar adelante un proceso de desvinculación con el agresor, sobre todo en estos contextos de crisis económica y social como el actual”.
De las políticas de los últimos años, la edila considera “muy rescatable” el Programa Mi pieza, implementado desde la secretaría de integración socio-urbana, a nivel nacional. Se trata de un beneficio económico para mujeres jefas de hogar que viven en barrios populares y necesitan adquirir materiales de construcción para ampliar su vivienda. “Es una herramienta de alto impacto en el territorio, que favorece el empoderamiento de las mujeres”, afirma.
Además, desde la comisión impulsan iniciativas para que el Estado municipal reconozca el trabajo que hacen las organizaciones sociales, civiles, territoriales e intermedias, en términos de acompañamiento y prevención de la violencia de género.
“Durante la pandemia, creamos un registro que se actualiza todos los años a nivel municipal, que le permite al Estado conocer todas esas organizaciones de base que tienen una gran capilaridad por el territorio y que son, muchas veces, las primeras que toman contacto con las personas víctimas de violencia de género y actúan como un puente entre las víctimas y el Estado”.
A partir de la identificación de esas organizaciones, según describen, pueden trabajar en articulación, para generar procesos de formación y canales de comunicación mucho más efectivos entre el Estado y las víctimas, y así evitar su revictimización. Aún así, el presupuesto disponible sigue siendo insuficiente.
“Bregamos por el acceso a beneficios presupuestarios para que las organizaciones puedan tener un respaldo de las tareas que llevan adelante, y si bien logramos la sanción de algunos proyectos para la creación de presupuestos específicos, al día de hoy, todavía hay una deuda por parte del Estado municipal para poner en marcha el acceso a esos beneficios”, destaca Tepp.
Otras acciones que “funcionaron muy bien durante la pandemia y es necesario sostener”, son las campañas de sensibilización para la prevención de la violencia de género, como la campaña “Los de afuera no somos de palo” que apuntó a reforzar la idea de que la violencia de género no es un problema del ámbito privado. Lejos de eso, “insistimos con la necesidad de tener una actitud activa y una escucha atenta cuando una persona puede estar sufriendo violencia de género. Ya sea una vecina, un familiar, una amiga. Y a partir de eso, comprometernos para no dejar sola a esa persona que necesita protección”.
Proyectos pendientes de aprobación
También evalúan la posibilidad de crear postas en la vía pública, donde puedan tener espacio las organizaciones de género que funcionen como lugares de referencia para el acceso a la información, por parte de la ciudadanía.
Otro objetivo, cuenta, es que el Estado municipal pueda tener un equipo móvil interdisciplinario que actúe en casos de urgencia, en los que esté en riesgo la vida de la mujer, sus hijas e hijos y se necesite la intervención del Estado. La idea es que, en estos casos urgentes, no haya que esperar a que la mujer concurra a hacer la denuncia; sino que, por el contrario, ante esa alarma, se pueda intervenir de manera inmediata.
Acompañamiento al personal municipal
La comisión cuenta, desde su creación, con un consejo asesor conformado más de 120 organizaciones de toda la ciudad, que trabajan con perspectiva de género.
“También, a través de la comisión, nos llegan casos vinculados a un universo más acotado que es el de las trabajadoras municipales, ya que contamos con un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito de la administración pública municipal.
Dentro de ese marco, se creó una mesa de seguimiento que involucra no solamente al Ejecutivo municipal y a las áreas que intervienen en casos de denuncia por violencia de género, sino también a la propia comisión, para poder seguir de cerca la aplicación de este protocolo. “No para analizar casos concretos –agrega– pero sí para poder identificar situaciones en las que el protocolo no es suficiente o no está funcionando”.
En esos casos, la comisión o las concejalas funcionan también como un espacio para recibir consultas, brindar información y asesoramiento o visibilizar alguna situación que, aún habiendo sido denunciada, no está teniendo la correcta implementación. Además, puede hacer denuncias, bajo este protocolo, personal que esté contratado y también cualquier ciudadano o ciudadana que haya sufrido violencia de género por parte de alguien que trabaja en la administración pública municipal.
Los discursos de odio y el aumento de la violencia
Un tema emergente este último año –del que nos hicimos eco tanto en la comisión, como en lo personal, desde mi rol de concejala de Ciudad Futura– es el recrudecimiento de la violencia simbólica y los ataques a las comunidades LGBTIQ+, en particular a los espacios físicos donde se reúnen; al igual que el avance de los discursos de odio en términos generales y que se manifestaron bajo la forma de ataques a colectivos de las disidencias y las diversidades sexuales. Se trata de un fenómeno atravesado por un contexto nacional y regional.
También recibieron causas vinculadas a discursos homofóbicos o de ataques y amenazas a militantes del colectivo de la diversidad o a personas por su orientación sexual o de género. Ese es “un tema frente al cual estamos empezando a tomar más atención por la necesidad de visibilizarlo y de construir estrategias horizontales y de comunidad para poder cuidarnos y protegernos”, expresó Tepp.
La mirada desde la secretaría de Género y DDHH a cuatro años de su creación
Mariana Caminotti asumió el cargo en diciembre de 2019, cuando se creó la Secretaría de Género y Derechos Humanos de Rosario, el primer espacio institucional en la materia que integra el Gabinete municipal.
La funcionaria analiza las últimas décadas, en Argentina y en Rosario y observa que a partir de la sanción de leyes, la adopción de políticas públicas y la creación de una institucionalidad que implica un reconocimiento explícito de las desigualdades históricas que han impedido nuestro desarrollo pleno, tanto mujeres como personas LGBTI+ experimentaron “un proceso muy importante de ampliación de derechos”. Sin embargo, aclara que “estas conquistas conviven con desigualdades estructurales muy profundas, que se agravan en un contexto económico adverso como el que atraviesa el país”.
En primer lugar, Caminotti destaca la “menor autonomía económica”, causada, en parte por “la desigualdad profunda que estructura la organización social de las tareas de cuidado como lavar, planchar, atender a niños/as y personas dependientes, conseguir alimentos y garantizar el funcionamiento de los hogares. Y además, realizar también tareas comunitarias en comedores, merenderos, entre otras”.
En Argentina se estima que este trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representaba un 16% del PBI antes pandemia, y escaló al 22% en 2020, números lo convierten en un sector estratégico de la economía. Nada menos que dos tercios de estas actividades son realizadas por mujeres sin reconocimiento ni remuneración.
“Para dimensionarlo mejor –explica la secretaria– hay que entender que, en promedio, una mujer dedica 6,4 horas diarias a estas tareas no pagas, mientras un varón promedio dedica la mitad. Esto reduce el tiempo disponible para el trabajo remunerado y condiciona la inserción laboral de las mujeres, lo que se expresa en una menor participación en el mercado laboral, desempleo más alto en mujeres jóvenes, empleos más precarios y brecha salarial. En el caso de las mujeres trans, se calcula que 8 de cada 10 nunca accedió siquiera a una entrevista laboral”.
En segundo lugar, “Argentina sigue sin poder reducir la violencia de género. En 2009, la Ley de Protección Integral en Violencia contra las Mujeres nos sacó del paradigma estrecho de la violencia doméstica para reconocer distintos tipos y modalidades”.
En 2015, el movimiento Ni Una Menos hizo temblar la tierra, literalmente, y generó una energía social fenomenal que llevó la discusión a las escuelas, las universidades, los espacios laborales, toda la sociedad se vio atravesada por nuevas discusiones. Después vino la Ley Micaela, porque los femicidios no pararon. Y se llevaron la vida, entre otras tantas, de una joven militante que había sido parte de esta “revolución de las pibas” en las calles. “Todas acciones imprescindibles, pero que no alcanzan si no cambiamos la cultura que sostiene la violencia patriarcal en nuestra vida cotidiana”.
“En Rosario –describe– junto al Sistema de Atención Integral, estamos apostando fuertemente al trabajo sobre masculinidades y género, generando espacios para trabajar con varones que permitan revisar estereotipos y mandatos sociales que asocian la masculinidad con el ejercicio del poder y el rol de «proveedor»”.
“Además de la necesidad fundamental de contar con leyes y servicios que sean accesibles, efectivos y de calidad para las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, tenemos la obligacion de sensibilizar, concientizar y educar en igualdad de género para favorecer el cambio relacional y cultural”, afirmó.
En relación con el lugar que ocupan estos temas dentro de las agendas de candidatas y candidatos, en un año netamente electoral, la funcionaria dijo: “Lamentablemente, el compromiso con la igualdad de género ha perdido prioridad en el debate político. En lo personal, me preocupa la idea de que estas políticas son «superfluas» o en beneficio de «un sector», porque se corre el riesgo de revertir avances sin precedentes en la desnaturalización de las tareas domésticas como inherentemente femeninas, o el quiebre de la complicidad social frente a la violencia machista”.
A pesar de los cuestionamientos de algunos sectores de la sociedad, “las políticas de igualdad de género que sean efectivas y transformadoras son imprescindible para potenciar el desarrollo sostenible e inclusivo del país. De lo contrario –subraya Caminotti– difícilmente logremos disminuir la carga de trabajo no remunerado que sigue recayendo principalmente en mujeres y niñas, dificultando su participación económica; reducir la brecha salarial y la informalidad laboral; revertir la falta de oportunidades de las personas trans; y erradicar los femicidios”.