El Tribunal Penal número 1 de Posadas difundió en las últimas horas las declaraciones del exdiputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, ambos acusados de los delitos de tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
En tanto, Sebastián no quiso responder preguntas, pero pidió la palabra para aclarar que la computadora encontrada en su casa era de su propiedad y le pidió perdón a su hermano: “En diciembre presenté acá una carta en la que aseguraba que la computadora de marca Aser era mía, la utilizaba yo. También quiero aprovechar por enésima vez para pedirle disculpas a Germán por meterlo en este embrollo“.
Por otro lado Germán, exfuncionario de Misiones, optó por prestar testimonio, pero se negó a contestar preguntas. “Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se imputan. Bajo juramento, sostengo que jamás en mi vida busqué, investigué, descargué y mucho menos compartí pornografía infantil”, aseveró.
El exlegislador del partido Activar señaló que “en todos sus dispositivos electrónicos no hay nada”. Denunció que todo se trata de una “persecución política”.
“Fui el único diputado de cuarenta que me opuse en reiteradas ocasiones a leyes nefastas que el Ejecutivo quería implementar en detrimento de la provincia, por eso la Cámara se apresuró en expulsarme de forma inconstitucional, a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros. Aún me siento y soy diputado de la provincia de Misiones”, insistió.
Las pruebas
Las investigaciones revelaron que Germán Kiczka descargó y compartió 603 archivos de explotación sexual infantil en solo 39 días, entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024.
Entre el material encontrado, se incluyen prácticas zoofílicas con menores. “Las víctimas tenían, presuntamente, menos de 13 años“, señaló un informe de la Justicia. Por su parte, Sebastián admitió en chats haber descargado aplicaciones para acceder a este tipo de contenido, lo que reforzó las pruebas en su contra.
Desde agosto de 2024 los dos se encuentran alojados en la unidad penitenciaria de la localidad de Cerro Azul, imputados por el delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI); y por abuso sexual, en el caso de Sebastián.