Patricia Bullrich dijo esta semana que si es electa presidenta reformará la ley de seguridad interior para tener más herramientas para combatir el delito interno. Perforar con fuerzas federales y Fuerzas Armadas a distritos cuya delincuencia ostente sicarios armados, y muertes apiladas en sus batallas cotidianas.
“Si no paramos Santa Fe, es una mancha de aceite, esparciéndose por todo el país y eso no lo vamos a permitir”.
El ejemplo Santa Fe para el control del narcotráfico y la inseguridad es peligroso para cualquier estado. En esta provincia se ha desafiado al monopolio de la fuerza de Estado y se le ha ganado. Las bandas de adolescentes tienen armas, atrevimiento y amparo de sus jefes narcos presos o uniformados entre las filas del control.
Para el poder público en Argentina el problema no es la venta de drogas, sino la violencia en su organización comercial. La disputa sangrienta por sus rentabilidades es lo que atenta incluso con el negocio. “Si salís en las noticias olvídate, estás listo”, piensan y dicen los que defienden en tribunales a los delincuentes. Si se vendieran drogas y se organizara una distribución pacifica de sus ganancias no estaríamos hablando de nada. Como sucedió mucho tiempo atrás.
La política ha sido lo suficientemente hipócrita para esconder este tema a su comodidad. Si no hay muertos no hay problema. Y para eso hay un plan, desarmar a los violentos e instalar un modelo donde el estado monopolice única fuerza armada en sus calles.
La distribución de sustancias no será combatida, sino re administrada por un Estado que clandestinamente permitirá la venta sin violencia ni gritos. El modelo norteamericano que tanto se aplica en el mundo.
Países como Portugal y Canadá, han legalizado las drogas. En ambos países se produce y vende legalmente sustancias de todo tipo de toxicidad pero se enfrentan ahora con el problema ligado al deseo de la prohibición. Los consumidores buscan drogas fuera del “vademécum” permitido encontrando más atractivos en ellas porque “están prohibidas”.
Cuando Bullrrich destaca la irrupción en Santa Fe con fuerzas federales para la seguridad interior, habla de intervenir la seguridad de la provincia. Lo mismo piensan muchos de los dirigentes de este lado del mostrador. La única manera es expulsar a la policía corrupta de la calle y reorganizar el negocio. El problema no es la compra y venta de sustancias prohibidas, el problema en la distribución de sus ganancias. Y sobre eso se trabajará.
En plan en Santa Fe no involucra síndrome de abstinencias para los adictos o el traslado de los mismos a comprar sus dosis a otras provincias. En CABA o en la provincia de Buenos Aires hay más consumo, más rentabilidad y mucho más lavado de dinero que en cualquier lugar de la Argentina, pero los tiros y las muertes violentas se silencian y disimulan.
Los sicarios bonaerenses son menores de 18. Cuando cumplen esa edad las organizaciones los reasignan a otras tareas. Un menor que mata con un arma de fuego no va a la cárcel sino a centros de detención con controles de seguridad menos riguroso. Es fácil huir de ellos y seguir transitando el camino del delito.
La logística narco es visible en Santa Fe pero su modelo ya es imitado en otras provincias. Competirle a sus fuerzas de control con menores armados y a la clandestinidad del Estado disputarle la torta.
Hace un año cuando el ministro de la corte Ricardo Lorenzetti propuso la creación de una agencia que interdisciplinariamente convoque soluciones para los efectos “nocivos” del narcotráfico habló de esto. Para el jurista, Argentina debería tener una agencia como la DEA norteamericana que atraviese los 23 distritos del país y organice un esquema único de “control” y “administración” del problema.
La idea de Patricia Bullrich de ingresar a Santa Fe con una ley que permita a la Fuerzas Armadas desarmar a la población civil podría ajustarse a ese concepto. Monopolio de la fuerza para combatir a los violentos. El narcotráfico es otra cosa. La idea liberal de que haya una sustancia o producto que se compre y vende en libertad es una bandera que muchos de sus asesores también defienden.
El problema será sacarles la rentabilidad narco a dirigentes políticos que sí han asumido el riesgo de usar ese dinero para políticas públicas o negocios personales. Ese bolsillo va a defender lo suyo con todas las uñas posibles. Y esa será otras de las batallas de la misma guerra.