El gobernador Maximiliano Pullaro retomó protagonismo en la agenda nacional. Se sentó en canales porteños con el propósito de explicar la situación en seguridad y volver a hablar de la ley ómnibus, ahora en versión minibús. Y el jueves a las 14 estará en la Casa Rosada con el resto de los mandatarios de provincias. Será parte de la foto que necesita el gobierno de Javier Milei a pesar de las tensiones.
La nueva versión de ley ómnibus está “desprovincializada”, dicen fuentes que vieron los últimos borradores. La despojaron de los puntos conflictivos para las provincias, como retenciones, régimen de biocombustibles y régimen de grandes inversiones. Es políticamente más realista, acotada y liviana. Hay consultas e intercambio de opiniones con los gobiernos distritales, pero no una negociación.
Uno de los objetivos del raid de Pullaro en medios nacionales fue sentar posición a favor, con matices en dos puntos. Uno: si se reimpone el impuesto a las Ganancias que lo sea para ingresos a partir de 3 millones. Dos: no acompañará el blanqueo de capitales. “Si estamos dando una batalla sin cuartel contra bandas narcocriminales no podemos estar a favor del blanqueo de los capitales que genera”, repite el radical.
Esa definición cotiza más por coherencia que por la incidencia a la hora de la votación en el Congreso. Por razones largas de debatir, la Argentina fue un blanqueador serial en la última década. Todos los gobiernos lo pidieron y a todos se lo aprobaron. Milei no será la excepción.
Los lados del mostrador
El Colegio de Abogados abrió un debate interesante esta semana, al pedirle a los medios de comunicación evitar “descalificaciones arbitrarias que pretenden confundir las condiciones personales y profesionales del abogado/a con las de sus ocasionales clientes”, al tiempo que manifestó su apoyo “a todos los profesionales de la matrícula que asumen el desafío y responsabilidad de gestionar en cargos públicos”.
La publicación refiere al reflejo periodístico de rumores que despertó en determinados círculos judiciales el nombramiento del abogado rosarino Juan Manuel Lafontana al frente de la oficina en Rosario de la Unidad de Investigación Financiera (la que previene e investiga el lavado de activos). Lafontana viene de defender a un político imputado por presunta corrupción en un caso de alta resonancia pública.
En el debate abstracto, dejando de lado cualquier referencia al nuevo funcionario, el argumento del Colegio es atendible y correcto. Lo que no puede pretender es que no se ponga en debate público el hecho de que profesionales que defienden a políticos acusados de corrupción, a narcos, evasores y lavadores de dinero –las posibilidades son variadas, desde el testaferro de una banda hasta los directivos de una agroexportadora– que pretenden esquivar la condena judicial para seguir adelante con sus negocios y reguardar patrimonios de dudoso origen, aparezcan al frente de organismos que deben perseguirlos y llevarlos a la Justicia.
Eso, por ejemplo, motivó cierto debate a nivel nacional sobre la elección de un abogado con el perfil de Mariano Cúneo Libarona para el Ministerio de Justicia. Esto no habla de la honorabilidad del funcionario, sino de los intereses que representa y las tramas de poder que llevan al nombramiento de funcionarios en los gobiernos. Se insiste, al margen de los casos particulares, es un debate pertinente, ineludible para los medios de comunicación y de interés público.
El mes en que vivimos en peligro
Se va marzo, mes bisagra en materia de seguridad, el área clave para el gobierno de Maximiliano Pullaro. Empezó con el atentado a un colectivo que transportaba penitenciarios. Siguió con cuatro crímenes inenarrables, la paralización de Rosario, la llegada de fuerzas federales y un amplio anillo de respaldo político a nivel nacional. Cierra con la detención del presunto autor material del crimen del playero Bruno Bussanich y muy buenas expectativas para el resto de las investigaciones, según fuentes políticas y judiciales, así como una importante reforma en el Código Procesal Penal que la Legislatura acaba de sancionar.
Esa fue la iniciativa más discutida del paquete de quince leyes que envió Pullaro y fue aprobado con amplio respaldo en menos de cuatro meses. Queda pendiente la reforma que engloba juzgados civiles y comerciales, de circuito y tribunales colegiados, que después de un arduo trabajo en Diputados, el Senado le clavó el freno de mano para ampliar los cambios a las circunscripciones judiciales 3, 4 y 5, es decir más allá de Rosario y Santa Fe.
Cambio de paradigma
La reforma del Código Procesal Penal hizo cambios en materia de allanamientos, plazos de detención, control de juicios abreviados, criterios de oportunidad en la persecución penal de determinados delitos, institucionalización del vínculo entre fiscalías y la Policía de Investigaciones, y ésta a su vez recobra capacidad de iniciar investigaciones por sí misma.
La reforma es reflejo fiel del paradigma de seguridad del gobernador Pullaro y su equipo, pero sobre todo del contexto actual. Quienes redactaron el Código hace 15 años, lo hicieron en una realidad muy diferente a la de hoy. La semántica de esta reforma se forjó en la práctica empírica. Tan es así que “es la reforma de la reforma”, al decir del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en relación al agregado de propuestas de último momento al proyecto enviado en diciembre, resultantes de la experiencia de estos casi cuatro meses de gestión.
Los detractores ven en la reforma un retroceso y un empoderamiento injustificado de la Policía en estas herramientas que pidió Pullaro. La duda tiene asidero: la fuerza de seguridad santafesina es poco profesionalizada y está marcada por la corrupción. El gobierno lo sabe de memoria, pero en un acto de realismo brutal se dice a sí mismo: “Es lo que hay, no hay una policía de repuesto, ni 1.500 comisarios nuevos para conducir la fuerza”. Eso hace que para lo que viene cobren relevancia los controles cruzados entre jueces, fiscales, Ejecutivo y sociedad civil.
Si hay algo notable de Pullaro y su gobierno es la convicción de que este es el camino en materia de seguridad, al menos en lo referido a la faz represiva del problema. Sabe que es un día a día, repleto de sinsabores y ninguna garantía, pero lejos de quejarse por las condiciones de sepsis del quirófano donde le toca operar, resolvió hacer cirugía con las herramientas que le tocaron y una fe ciega en la capacidad para liderar a las instituciones y a las personas para ejecutar los lineamientos políticos que se bajan.
Decretolandia
Javier MIlei avanza en su plan de tirarles por la cabeza el país real a las provincias para que se hagan cargo ellas. El último decreto de necesidad y urgencia formalizó la eliminación de los subsidios al transporte para el interior y los adelantos para cubrir el déficit de las cajas previsionales de trece provincias, entre ellas Santa Fe.
Lo del transporte es película vieja y hace tiempo que los usuarios pagan 700 pesos de pasaje. Con respecto a los giros de la Caja de Jubilaciones, las provincias se enteraron al publicarse el DNU en el Boletín Oficial. Así de simple.
El DNU eliminó del presupuesto la obligación de girar los adelantos a las provincias por el valor del último déficit acordado de cada una de las Cajas. ¿Cuál es en Santa Fe? El de 2019. El monto: unos 12 mil millones. En 2023, el déficit del sistema previsional santafesino, según la provincia, llegó a 170 mil millones, pero el gobierno de entonces adelantó 12 mil millones en doce cuotas, a razón de 1.000 por mes. Cuando legó Javier Milei directamente no pagó más, y ahora firmó un DNU que elimina la obligación de girar ese dinero. Si alguien creía que estaba pisando los pagos para negociar, se equivocó: Milei y Caputo dibujan déficit cero con la plata de otros. “Con la tuya”, diría el presidente.
El DNU le ahorra los adelantos, aunque no desconoce el marco normativo de fondo. Pagará otro, algún día. Probablemente con multimillonarios juicios mediante. Hace tiempo que Nación y provincias chocan por este asunto, pero lo escrito está escrito y es obligación. Según Jorge Boasso, titular del sistema previsional de Santa Fe, desde 2020 la deuda acumulada asciende a 700 mil millones y la provincia inició una demanda contra el Estado nacional en 2019.
Hay una deliciosa anécdota para contar sobre esto, que refiere al presunto apuro de algún funcionario provincial del anterior gobierno para estampar su firma al pie de la demanda antes de dejar su cargo. De otra manera, dicen fuentes muy bien informadas, no se explica la decisión de hacer la presentación una semana después de la primera reunión de transición sin haber puesto en conocimiento a las autoridades entrantes. Es obvio que éstas hubieran pedido tiempo para explorar una negociación con el nuevo gobierno nacional. En ese entonces se pensaba posible una solución más rápida. Aunque esa salida no implicaba pago de honorarios profesionales.
Háganse cargo
Los gobiernos provinciales ya no esperan nada del gobierno de Milei. Una charla entre dos ministros santafesinos lo refleja de forma cabal. El tema era la frágil situación en la que quedó tras la última creciente el puente de avenida Ayacucho sobre el arroyo Saladillo.
La obra es de Nación y está paralizada sin señales de reactivación. “¿Qué hacemos? No sé si ese puente aguanta otra crecida”, preguntó uno. “Cerremos los ojos y hagamos la obra nosotros, se sacará plata de algún lugar, pero no los podemos esperar. A estos tipos les importa un pito que se caiga un puente”, concluyó, realista, el segundo.
En plan de que las provincias (y municipios) tienen que hacerse cargo del país real y cotidiano –el que asegura transitabilidad, transporte, infraestructura, educación, salud, ayuda social, seguridad–, el gobierno santafesino ultima detalles y consultas para resolver la crítica situación de los corredores viales nacionales que atraviesan la provincia y los accesos portuarios.
Este sábado, con el gobernador a la cabeza, hubo reuniones entre distintos sectores para avanzar hacia un esquema de provincialización y esfuerzo compartido. La provincia acepta tomar a su cargo esas rutas y accesos, pero con la posibilidad de recaudar, porque hoy los ingresos por peaje, impuestos y tasas los cobran Nación y municipios. El esquema se completaría con aportes de los propios puertos, que son los beneficiarios finales del fenomenal flujo de camiones, y desde enero se viene conversando sobre financiamiento de los mercados financieros locales, los mismos que permiten a la Municipalidad de Rosario hacer pavimento a nivel definitivo.
Temporada de partidos
De marzo a abril las principales fuerzas políticas están abocadas a ordenar sus internas. El socialismo a partir del acuerdo entre el lifschitzmo y Acuerdo Progresista definió a Mónica Fein y Joaquín Blanco como máximas autoridades partidarias a nivel nacional y provincial, respectivamente. No habrá interna, pero tampoco participarán de la estructura orgánica las minorías que referencian Federico Lifschtz, Leonardo Caruana y Bases.
La UCR renovó la Convención repitiéndose la base representativa que traía. La UCR prioriza Santa Fe y está blindada a los cortocircuitos de la política nacional.
El peronismo acaba de acordar una lista de unidad. Los senadores, con Armando Traferri a la cabeza, se garantizaron la presidencia del partido a donde sentarán al ex legislador Guillermo Cornaglia. Marcelo Lewandowski declinó el segundo lugar que los senadores le ofrecieron para su sector, por entender que tenían la legitimidad suficiente para asumir la presidencia. Prefirió tomar distancia y reservarse lugares en las listas de congresales.
Estos días serán vertiginosos para cerrar listas departamentales y locales en un PJ que perdió casi todo, que adolece de falta de agenda propia y está dificultado para contraproponer alternativas a las políticas de Pullaro. Más aún, con problemas más mundanos por resolver, como quién pagará los sueldos de los empleados de la sede partiaria.
El miércoles el PRO reunió a sus autoridades partidarias en un clima de choque entre el sector de Federico Angelini y los espacios y dirigentes que se aglutinan detrás de la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien está decidida a pelear lo que sea necesario para quedarse con la presidencia.
El hermetismo en torno al encuentro da cuenta de las dificultades para alcanzar acuerdos. Por lo pronto, el actual presidente, Cristian Cunha, dijo que se definió “60 días para la elección y una mesa de diálogo para tratar de lograr lista única”.
Mientras el sector Angelini milita el gobierno de Milei como propio y por lo bajo corre por derecha a Pullaro por armar “un gobierno más parecido al Frente Progresista que a Juntos por el Cambio”, Scaglia representa a un PRO santafesino cuya prioridad número uno es el éxito del gobierno de Unidos, y para eso tiene el apoyo de la estructura del gobierno provincial.