Tras su reunión con 14 gobernadores este jueves al mediodía, el presidente Alberto Fernández anunció que recusará a los jueces de la Corte Suprema de la Nación que ordenaron al Ejecutivo nacional que casi duplique los fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Ya tras conocerse el fallo, el jefe de Estado había advertido que semejante decisión “genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta del país y el resto”.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe“, argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de la reunión mantenida con los gobernadores peronistas en Casa de Gobierno, de la que no participaron ni el santafesino Omar Perotti ni el cordobés Juan Schiaretti.
Posteriormente, Fernández reiteró en declaraciones al canal C5N que el fallo es “muy singular” y de “imposible cumplimiento”.
Indicó que las leyes sancionadas por el Congreso “se deben cumplir” y añadió que la norma en cuestión “no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad”.
Sobre ese punto, aclaró que “más allá” de que quiera cumplir con el fallo, debe enviar una ley al Congreso que “resuelva un nuevo Presupuesto” para que se establezca “de dónde va a sacar los fondos”, y en ese caso si es con “impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento”.
El mandatario señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad pero que el Gobierno “no tiene la menor idea” de por qué “llegaron a ese cálculo” en el máximo tribunal, al advertir que “ese dinero no está en el presupuesto nacional”.
También consideró que con el fallo se asiste a un “choque de poderes” porque el máximo tribunal “logró lo increíble”, en referencia al hecho de que una resolución “contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo”.
“La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación”, apuntó el jefe de Estado.
El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye “un fallo político, de cara al año electoral” y advirtió que, con esa decisión, “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la Caba”.
“Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.
El presidente señaló en su diálogo con C5N que los gobernadores con los que se reunió para analizar el fallo “lo primero que vieron es que los que están perdiendo son ellos”.
“La teoría de que el dinero sale de Nación y no afecta a las provincias es falso, porque el dinero que tiene el Estado nacional lo utiliza en favor de las provincias”, expresó.
Consultado sobre si el objetivo del fallo es financiar la campaña electoral del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respondió que “no sabe” pero que si el máximo tribunal resuelve de ese manera “lo va a lograr”.
Por último, el presidente le pidió al titular de la Corte, Horacio Rosatti, que “deje su ego de lado y retome la senda del Derecho”.
El Gobierno consideró que la Corte argumentó “de manera insólita” que “transferirle estos montos millonarios a la Caba no afecta a las provincias argentinas” y advirtió: “Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
El origen del conflicto
El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a Caba por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas” en la Ciudad.
De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado ahora por Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.
En 2020, ya durante el gobierno de Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, recordó el Gobierno en el documento firmado este jueves.
El máximo tribunal –si bien no resolvió la cuestión de fondo– avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.