La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social. Sin embargo, a la hora de la votación particular, el oficialismo no reunió los votos necesarios y la oposición impuso su número para rechazar el artículo mediante el cual se establecía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.
Con 134 votos en contra, la Cámara rechazó el artículo que obligaba a jueces, fiscales y empleados judiciales a pagar Ganancias, uno de los que generaba mayor controversia.
Tampoco se pudo avanzar con el artículo 95 del dictamen, que permitía al Poder Ejecutivo recuperar el manejo de las retenciones a las exportaciones del agro. Ante la posibilidad de que fuera rechazada, el oficialismo optó por retirarlo.
La iniciativa en general fue aprobada a las 5.13 de este miércoles con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazado por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.
Tras casi quince horas de debate, el plenario legislativo comenzó el debate en particular de los 143 artículos que componen esa iniciativa.
Dos de los puntos que generan mayor debate son la eliminación de la eximición del impuesto a las ganancias para la Justicia y la facultad delegada al Gobierno Nacional para poder cambiar las alícuotas de retenciones agropecuarias.
Más allá de estas modificaciones al texto original, el Gobierno decidió mantener el espíritu del proyecto, con una proyección de crecimiento del 2 por ciento del PBI, un déficit del 1,9 por ciento, un dólar promedio de 219 pesos y una inflación promedio del 60 por ciento para 2023.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
La titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, abrió la sesión a las 13.45 con la presencia de 130 legisladores.
El oficialismo pudo reunir el quórum con el aporte de bloques provinciales y del radicalismo, lo que determinó que de manera inmediata se iniciara el debate en el que están anotados para exponer cien legisladores.
En base a estos números, la votación en general se realizaría alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles y el tratamiento en particular finalizaría entre las 8 y las 9 de la mañana.
La discusión del Presupuesto 2023 estuvo atravesada por el debate sobre la eliminación de la exención en el pago del impuesto a las Ganancias con el que cuenta en la actualidad el Poder Judicial.
Otro de los temas de discusión fue la pauta proyectada de inflación del 60 por ciento, junto con la cuestión de las retenciones y la distribución del gasto social y educativo.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto Carlos Heller afirmó esta tarde que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 “no es un presupuesto de ajuste” y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.
Al exponer como miembro informante de la mayoría, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 “está orientado a la inversión en infraestructura, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo”.
También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que “la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios.
Desde la oposición, el diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo “se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe” y en ese sentido cuestionó el beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.
Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que “a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal”.
En esa misma línea, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que “este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina”.
Agregó que “se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento”.
En el debate se expresó a favor del proyecto, el titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, quien anticipó hoy el apoyo de ese espacio al proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no comulgan “con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.
“Desde nuestro interbloque no acordamos con impedir el tratamiento trabando la realización de la sesión legislativa con el voto negativo en general, creemos que ese no es el camino. Adelantamos entonces el apoyo al Presupuesto en cuestión”, expresó.
Con similar sintonía, el titular del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, también explicitó el aval de sus legisladores al proyecto al destacar el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al proyecto original.
Destacó que es importante que “antes de fin de octubre nos encontremos debatiendo la posibilidad cierta de aprobar el presupuesto y eso hay que destacar”.
En cambio, los diputados de las bancadas de derecha Javier Milei y José Luis Espert ratificaron esta tarde que rechazarán el proyecto de Presupuesto 2023 al cuestionar los gastos previstos, el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal y la proyección de inflación para el próximo año.
Milei dijo que “por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto”.
Por su parte, el economista y legislador de Avanza la Libertad, José Luis Espert, afirmó que “nunca un gobierno endeudó a un Estado más que el de Alberto Fernández: 100.000 millones de dólares, sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones, y con estos niveles de tasas de interés, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos”.
También con diferentes argumentos, la diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Romina del Plá, afirmó que “de la mano de este presupuesto la crisis social se va a profundizar” y que “hay una clara política de Estado contra las masas laboriosas, de endeudamiento en dólares y en pesos, de tasas astronómicas de interés, de achicamiento del gasto público social”.
El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.
Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
En ese sentido, establece que si “al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria”.
Otro punto es la posibilidad de blanqueo de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como así también para la adquisición de viviendas usadas, entre otras iniciativas.