El Senado de la Nación convirtió en ley, en una sesión especial, el Presupuesto 2023, que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que destina 70% de sus recursos a rubros sociales.
La discusión llevó poco más de una hora y media y el proyecto, que a principios de noviembre había sido aprobado por Diputados, fue convertido en ley por unanimidad por los 37 senadores reunidos en el recinto.
La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina.
La oposición de Juntos por el Cambio había anticipado su decisión de no participar de la sesión, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para el Consejo de la Magistratura, en lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tampoco estuvo presente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, quien no pertenece a ninguno de los bloques mayoritarios.
La aprobación en Diputados
El proyecto de Presupuesto 2023 fue aprobado por la Cámara de Diputados en los últimos días de octubre, tras una extensa sesión en la que el Frente de Todos logró sancionarlo con votos propios, de fuerzas provinciales y de legisladores del radicalismo encuadrados en Juntos por el Cambio.
De hecho, en esa reunión, que se llevó a cabo entre el 25 de octubre y la madrugada del 26, el proyecto obtuvo 180 votos a favor, 22 votos en contra y 49 abstenciones y se convirtió en el que mayor cantidad de respaldos obtuvo en la Cámara baja desde 2012 a la fecha.
Los principales puntos del Presupuesto
– El gasto global del Presupuesto será de $28.954.031.315.031.
– Los recursos previstos para el próximo año son $22.554.178.961.624.
– Se busca reducir el déficit de 2,5% en 2022 a 1,9% en 2023, por un monto de $6.399.852.353.407.
– La pauta inflacionaria se estima en 60%.
– Se incluyó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en 10% al 31 de agosto próximo.
– Se habilitó al jefe de Gabinete a readecuar partidas para que los gastos educativos no puedan ser menores a 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).
– Se incorporó el blanqueo de capitales solo destinado a compras de viviendas usadas.
– Se elevaron impuestos internos de 6,5% a 9,5% a productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego; para los importados la suba es de 17% a 19%.
– Se creó una tasa sobre los pasajes de avión de $250 destinado a la seguridad aeroportuaria.
– Los balances de las empresas podrán imputar hasta un tercio del ajuste de la inflación en el 2022, un tercio en 2023 y otro en 2024
– Los recursos para la Administración Gubernamental serán de $1.628.433.324.230 en 2023.
– Se destinarán a servicios de Defensa y Seguridad $1.255.059.015.383.
– Los recursos destinados a fondos sociales serán de $18.651.628.646.227.
– Los servicios económicos serán de $4.504.399.928.803
– Para el pago de la deuda se destinarán $2.914.510.400.388
– Un artículo permitirá a los trabajadores camioneros no pagar el impuestos a las Ganancias por los adicionales que cobran como premio, viáticos y comida.
– Las universidades nacionales recibirán $752.000 millones.
– Se destinarán $10.000 millones al Fondo Nacional de Desempleo.
– Se asignarán al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos $9.000 millones y $1.000 millones a la Protección de Bosques Nativos.
– Será de $3.000 millones el cupo fiscal para cumplir con la ley de Fomento de Innovación Tecnológica, $700 millones para biotecnología y $70.000 millones para la ley de Economía del Conocimiento.
– Se asignan $153.000 millones para el pago de sentencias previsionales con fallo firme.
– Se destinarán $85.000 millones al transporte de pasajeros del interior del país en conceptos de subsidios y la obligatoriedad de tener el sistema SUBE.
– Se establece un pago de $47.000 millones a la provincia de La Rioja que se abonará en 12 cuotas.
– Se prorroga hasta 2025 la emergencia alimentaria nacional.
– Las provincias y municipios deberán controlar que las empresas de electricidad paguen sus deudas a la mayorista Cammesa y tendrán seis meses para acordar un plan de pagos.
– Se permitirá descontar de Ganancias hasta 40% de los gastos destinados a educación.
– Se crea un régimen de regularización tributaria para provincias y la ciudad de Buenos Aires para la condonación de deudas y recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre del 2022, con excepción de los aportes a las obras sociales y aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
– El texto introduce un cambio para que el aporte a las obras sociales se realice de acuerdo a cada categoría del Monotributo, que en la actualidad es un monto fijo de $1.778; con este cambio la categoría más alta pagará $10.505.