Después de reunirse con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, siete gobernadores anunciaron su apoyo al pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia y ratificaron que el fallo en favor de Buenos Aires por fondos de coparticipación los perjudica de forma directa.
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, abrió una rueda de prensa este martes en la que ratificó “la firma de un pedido de juicio político” por mal desempeño de sus funciones de los cuatro supremos.
Capitanich habló de fallos con “manifiesta parcialidad” que se utilizan “para favorecer a una parcialidad política” (por Juntos por el Cambio, frente que a su vez defiende a la Corte y no votó el pedido para que los jueces paguen impuesto a las ganancias como el resto de los ciudadanos).
El chaqueño dijo que los supremos deberían “ser custodios y guardianes de la Constitución” pero en lugar de eso “los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de la salvaguarda de la vida, del patrimonio, honor y la libertad con miembros de la Corte Suprema que violan claramente la Constitución nacional, y los principios esenciales republicanos y federales de gobierno”.
“Nosotros –siguió–, desde las provincias argentinas nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de manera antojadiza sin fundamento alguno (por el fallo que le dio más fondos federales a Buenos Aires), y no es cierto que no nos afecta. La defensa de los intereses de nuestras provincias y del federalismo es irrenunciable”.
Además del fallo por la coparticipación que le añade fondos a Caba en un año electoral en detrimento del resto del país, los gobernadores cuestionaron la vinculación del juez Horacio Rosatti con un ministro porteño, según una filtración de chats. Hecho que se suma al viaje de jueces federales y el mismo funcionario de Rodríguez Larreta a una mansión del Lago Escondido del millonario británico Joe Lewis e invitados en principio por empresarios de medios.
En el encuentro en la sede de gobierno estuvieron presentes los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También, los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca).
Sin Perotti
Fernández se reunió este martes con gobernadores para analizar los pasos a seguir en el pedido de juicio político. Participaron la mayoría de los mandatarios justicialistas, pero no lo hará Omar Perotti (Santa Fe) y tampoco Juan Schiaretti (Córdoba).
La semana pasada, el gobernador de Santa Fe reclamó una nueva ley de coparticipación y planteó que “el centralismo hizo mucho mal a Argentina”, aunque por ahora la provincia se mantendría al margen del conflicto, según fuentes de la Casa Gris.
En la misma ocasión, Perotti prefirió no hablar del fallo de la Corte a favor de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la distribución de los fondos federales, pero sí habló de “beneficios” para la capital del país.
En una carta pública difundida en el primer día del año, el mandatario agregó que se pedirá que “se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti“, afirmó el mandatario a través de una carta que difundió la Casa Rosada.
Además, en una entrevista con C5N en Brasil, Fernández expresó su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes”.
“Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión” de la justicia, consideró.
Y apuntó a Rosatti al decir que, además de ser titular de la Corte, “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso“.